En la Legislatura avanza un proyecto que busca legalizar y regular las populares “picadas”callejeras, de autos y motos. La iniciativa pretende que estas competiciones se desarrollen en lugares preestablecidos y bajo condiciones de seguridad apropiadas para evitar siniestros.
La propuesta, cuyo autor es el abogado Jorge Rodríguez Robledo (especialista en seguridad vial), ya recibió dictamen de la comisión de Deportes de la Cámara, que preside el republicano Ricardo Bussi, y ahora aguarda su tratamiento en el recinto. Cuenta además con el respaldo de los distintos sectores del automovilismo de la provincia.
El dictamen establece las “obligaciones, requisitos y condiciones de la práctica y la realización de las competencias consistentes” en carreras de vehículos de tipo automotores, motos y otros rodados a motor denominados “destrezas de velocidad”, “picadas”, “cuarto de milla” y similares; “entendiéndose por tales a las pruebas de aceleración que se disputan sobre una pista recta, dividida en dos carriles”. Entendemos que se busca evitar la clandestinidad y ordenar una actividad de alto riesgo, para actores y para terceros, donde muchas veces el Estado se ve superado para realizar controles efectivos y evitar accidentes. El proyecto de ley, denominado “Destrezas de velocidad en lugares específicos y seguros”, contaría con un circuito establecido (“picódromo”), reglados por la Secretaría de Deportes de la Provincia, con la colaboración de la Policía, Bomberos y el Siprosa, todos enfocados en el cuidado y el cumplimiento de una serie de requisitos para los amantes de la velocidad.
Esta actividad de larga data cuenta con muchos adeptos en la provincia y en la región, por lo que su legalización se proyecta también como un importante atractivo turístico para el resto del NOA, ubicando a Tucumán en la centralidad de este deporte, hoy clandestino e ilegal.
Se estima además que la reactivación de la actividad, que se realizaba de manera legal en al autódromo hasta principios de 2000, no sólo es deportivo, tiene además un interés comercial, porque se supone beneficiaría a talleres mecánicos, casas de repuestos, posibles anunciantes y también a los alrededores del circuito. En el proyecto se sostiene que el beneficio sería para toda la comunidad porque, al erradicar el uso de la vía pública para acelerar y probar vehículos, el índice de accidentes probablemente bajaría. El mundo “fierrero” de la provincia ha sufrido un importante retroceso desde el cierre del autódromo Nasif Estéfano y Tucumán se ha quedado sin escenarios (excepto las pistas de karting) para desarrollar esta actividad. Ya hubo un intento legislativo en 2011 de regulación, pero no prosperó porque no hubo acuerdo entre los municipios y la Provincia.
También en julio de 2015, en El Cevilar (unos 24 kilómetros de la capital), se realizó la presentación oficial de un trazado, pero tampoco avanzó. Las “picadas” se realizan de forma legal y regulada en varios puntos del país, entre los más conocidos el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires; en Córdoba en un circuito cercano al aeropuerto de Pajas Blancas y en el autódromo “Oscar Cabalén”, y otro en el partido bonaerense de Tigre. Es de esperar que se pueda concretar el objetivo sobre una pasión de multitudes que hoy se realiza sin seguridad y ningún control del Estado.